¿Cómo es el proceso de reincorporación de excombatientes?
Hace más de 17 años se creó la Agencia para la Reintegración y Normalización (ARN), adscrita a la Presidencia de la República.
La ARN gerencia la política pública que atiende a todos los excombatientes y antiguos miembros de grupos armados al margen de la ley, que tomaron la decisión de desmovilizarse.
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Desde su creación ha atendido a más de 70.000 personas, y luego de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, siguiendo la política de Paz con Legalidad del presidente Iván Duque, a 13.000 excombatientes de la extinta guerrilla.
Luego de que el excombatiente se desvincula del grupo ilegal, y se reincorpora a la vida civil en las comunidades de la mano del Estado y las diferentes instancias que se crearon para este fin.
Estas instancias incluyen el Consejo Nacional de Reincorporación y la Comisión de Seguimiento y Verificación al Acuerdo de Paz.
"A nivel internacional, teniendo como base estándares y procesos en otras latitudes, el proceso colombiano es uno de los de mayores garantías a nivel internacional", dijo Andrés Stapper, director de la ARN a Canal Institucional.
Estas garantías no se limitan a ayudas económicas y vinculación al sistema de salud, sino que se brinda un acompañamiento integral, en el que se busca el desarrollo de habilidades y competencias para la creación de ciudadanías.
¿Cuánto dura el proceso de reincorporación?
En Colombia se ha diseñado un proceso que puede durar de 6 a 7 años, variable que depende de "que podamos formar su competencias académicas, en materia de formación, de emprendimiento, acompañamiento psicosocial, acompañamiento en salud y productivo para que se pueda desenvolver", explicó Stapper.
Ante cualquier fracaso en la reincorporación de un excombatiente, el proceso busca que de igual manera siga permaneciendo en la legalidad y recurriendo a la autoridad.
¿Qué son los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación -ETCR-?
La figura de los antiguos espacios territoriales fue un apalancamiento, que ofreció el Estado en su conjunto, para poder llevar la oferta de bienes y servicios para los excombatientes y las comunidades.
Stapper aclaró que los antiguos ETCR no fueron producto del Acuerdo de Paz, sino que "fue una posibilidad para continuar avanzando en la política de reincorporación".
Los ETCR devienen de las Zonas Veredales, puntos donde se reagrupó la extinta guerrilla de las Farc para dejar y entregar de las armas, proceso que se acreditó ante la oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Misión de las Naciones Unidas (ONU).
Estos ETCR tenían una duración de dos años, que vencieron en agosto de 2019. Sin embargo, el Gobierno del presidente Iván Duque decidió volverlas permanentes en los territorios.
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"La figura jurídica de las ETCR finalizó, en este momento nos encontramos como Gobierno, comprando esas tierras, o movilizando aquellos que se tengan que transformar, para que de la mano de las autoridades locales y teniendo en cuenta cada uno de los territorios, se pueda convertir como los consejos, sus comunidades lo permiten", aclaró el director de la ARN.
De los 13.000 desmovilizados de las Farc, llegaron en su momento aproximadamente 6.800 personas a las Zonas Veredales, que no podían salir de ese espacio hasta que no se cumplieran los requisitos de dejación y verificación de entrega de armas.
"Una vez se habilita la salida, en los Espacios Territoriales actualmente viven entre 2.800 y 3.000 personas. ¿Por qué esa variación? Porque muchos de ellos tienen tipos de actividades fuera de los espacios territoriales pero su residencia y domicilio está en alguno de los 24 zonas", indicó Stapper.
Siendo así, más de 9.800 excombatientes están ubicados por fuera de los antiguos ETCR, en aproximadamente en 568 municipios. El 30 % de ellos están en las principales ciudades del país.
¿Por qué se trasladó el ETCR de Santa Lucía a Mutatá?
El pasado 15 de julio se terminó el traslado de los excombatientes que se encontraban en el antiguo ETCR de Santa Lucía hacia Mutatá, en el departamento de Antioquia.
El director de la ARN informó que los predios donde se encontraba eran arrendados, y que para su traslado se analizaron 5 variables:
1. Posibilidad de acceder a las tierras en cada uno de los territorios y que no tengan restricción en procesos de restitución ni medidas medioambientales.
2. Seguridad, no sólo física de las personas o de sus bienes o sus enseres, sino en procesos naturales que impliquen un riesgo para los habitantes.
3. Productividad, el territorio donde se ubiquen debe tener una vocación de consolidarse en el tiempo, que sea foco de las cadenas productivas de cada uno de los municipios y departamentos.
4. Facilidad para el acceso de bienes y servicios públicos.
5. Capacidad de los municipios de absorber a la nueva población como ciudadanos.
"A partir de esto hicimos el barrido sobre los 24 ETCR y en particular con Santa Lucía se definió que por acceso a los predios, condiciones socioeconómicas y por seguridad se recomendaba a esa comunidad trasladarse", indicó Stapper.
En el primer trimestre de 2019 se recomendó a los excombatientes atender esas recomendaciones, quienes solicitaron en enero de 2020 el traslado y reubicación.
Desde esa fecha se iniciaron todas las actuaciones administrativas para trasladar a las 93 personas, entre excombatientes y miembros de la comunidad, a un predio identificado en el municipio de Mutatá y que satisface las variables para el asentamiento.
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Los proyectos productivos que adelantaban los excombatientes también se trasladan a Mutatá, con una serie de condiciones.
"En Santa Lucía se habían aprobado dos proyectos, uno que tenía que ver con temas de TIC, tecnologías de la información y el manejo de fibra óptica, proyecto productivo que se maneja desde la cabecera municipal de Ituango. Acorde con la decisión de ese colectivo se va a mantener teniendo en cuenta los compromisos contractuales y el desarrollo de implementación del proyecto que viene implementando específicamente en el municipio de Ituango", aclaró el director de la ARN.
El segundo proyecto productivo en Santa Lucía era de ganadería, y teniendo en cuenta que las circunstancias y las condiciones del terreno en las que fue aprobado cambian con el traslado a Mutatá, será reformulado por parte del Gobierno Nacional para hacerlo viable en el nuevo territorio.
¿Se trasladarán otros antiguos ETCR?
El Gobierno Nacional revisó todos los 24 antiguos ETCR y presentó recomendaciones sobre 11 de ellos.
"Hemos adelantado todo un proceso muy planificado de poder comprar las tierras, hacer los estudios de prefactibilidad con el apoyo del ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para poder llegar con las instalaciones, viviendas, casas y todo lo que permitan consolidar esa estrategia, el arraigo de esas personas en el largo plazo", informó del director Stapper.
¿Está cumpliendo el Gobierno con los Acuerdos de Paz?
"Con hechos muy concretos se puede verificar el cumpliento del Gobierno a cada uno de los puntos", indicó Stapper.
Resaltó que en el proceso de reincorporación de los 13.000 excombatientes de las Farc, el 98 % está afiliado al sistema de salud, el 97 % está recibiendo los apoyos mensuales por parte del Gobierno Nacional -que suman más de 200.000 millones de pesos mensuales- y están garantizando el proceso formativo a través del ministerio de Educación, la Universidad Abierta y a Distancia -Unad-, así como la oferta educativa de cada municipio.
De igual manera se refirió a más de 57 proyectos productivos colectivos, que vinculan a más de 2.400 personas, así como 1.300 proyectos de carácter individual en el que están 1.600 excombatientes.
"Eso quiere decir que tenemos a más de 4.200 personas adelantando una actividad productiva con recursos del Presupuesto General de la Nación", subrayó Stapper.
De igual manera, se ha apalancado recursos de la Cooperación Internacional para que aproximadamente otros 1.800 excombatientes sigan adelantando sus actividades propias en materia de sostenibilidad económica. Más de 1.200 de ellos están empleados y algunos hacen parte de los mismos esquemas de seguridad que definió el Acuerdo de Paz.
"Seguimos dando todas las garantías, en el tema del acceso de tierras que era uno de los más criticados frente a la disposición de Gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo dispuso en uno de sus artículos poner a disposición de la cooperativa y los excombatienes, los predios que están a disposición de la Sociedad de Activos Especiales, esos predios que hacen parte de la extinción de dominios para los bandidos o corruptos, para que en esos predios, con todas las garantías de seguridad, se adelanten unidades productivas. Así es como venimos trabajando la política de Paz con Legalidad del señor presidente Iván Duque", finalizó.
Por: Mario Cabrera
REDACCIÓN CANAL INSTITUCIONAL
