¿Colombia necesita una reforma tributaria?
En ‘Conversemos de economía’, el director de la DIAN aclaró generalidades de este proyecto de ley que empezaría a regir en 2017.
Santiago Rojas, director de Impuestos y Aduanas Nacionales, explicó que es necesario radicar una propuesta de reforma para corregir el fondo de sistema tributario que tiene nuestro país, pues “los impuestos, como están diseñados, no funcionan correctamente”, aseguró.
Según Rojas, durante los últimos años, Colombia recibió importantes ingresos de la industria petrolera y esto permitió avanzar en temas claves como la salud, la educación pública y los programas orientados a la niñez. Sin embargo, con el desplome de los precios del petróleo, el país perdió cerca de 23 billones de pesos, lo que obligó al Gobierno a presentar una propuesta de reforma tributaria para el año 2017.
El IVA
Para definir este tema, participaron nueve expertos, quienes diseñaron el nuevo modelo de tributación. “En el análisis se dijo que era una irresponsabilidad poner IVA a una serie de productos y servicios esenciales para los ciudadanos y se decidió proponer una medida compleja y que se va a sentir, como el aumento general del 16 al 19 por ciento”, explicó el director de la DIAN. Esto desmiente el rumor que se ha tejido en torno al aumento de los precios en la canasta familiar.
Lo que debe saber sobre el IVA:
- Tendrán un incremento en el IVA los dispositivos electrónicos como computadores, tabletas y teléfonos celulares.
- El servicio de telefonía celular, voz e internet, será del 4 por ciento. Los recaudos de este rubro serán destinados a los deportes (60 por ciento) y a la cultura (40 por ciento).
- El impuesto a las bebidas azucaradas será de 300 pesos por litro y los recaudos serán para el sector salud.
Impuesto de renta
Santiago Rojas aseguró que la DIAN está trabajando fuertemente para controlar los paraísos fiscales y reducir la evasión de impuestos. Además, el proyecto de reforma tributaria contempla castigar, con dureza, a quienes oculten ingresos superiores a los 5.000 millones de pesos. “La propuesta es que esto sea un delito penal y eso da de cuatro a nueve años de cárcel”, manifestó.
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El proyecto de ley también contempla hacer un seguimiento cuidadoso a las empresas sin ánimo de lucro, para verificar que realmente estas organizaciones no reparten utilidades y no registren inconsistencias financieras.
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