¿Qué es ‘fast track’ en Colombia y cómo será usado para agilizar el cumplimento de los Acuerdos de Paz?

El pasado 11 de julio el presidente Gustavo Petro asistió a un encuentro del Consejo de Seguridad de la ONU, donde propuso que se ejecutara el mecanismo fast track para agilizar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 2016, teniendo en cuenta que se ha efectuado un porcentaje muy bajo de los puntos que conforman el tratado.

Aunque el mandatario destacó que su intención era presentar su propuesta con mayor detalle ante el Congreso, las Altas Cortes y la sociedad en general, muchas dudas han surgido respecto a cómo se llevaría a cabo un fast track, si nuestras leyes lo permiten, y si en algún momento de nuestra historia se ha implementado.

En Canal Institucional conversamos con Alejandro Toca, docente de Administración Pública del Politécnico Grancolombiano, quién nos explicó en qué consiste este mecanismo, diseñado con el propósito de acelerar en un tiempo significativo, los trámites relacionados con la aprobación de leyes claves para la implementación de los Acuerdo de Paz.

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¿Qué es fast track en Colombia?

El fast track o procedimiento legislativo especial para la paz, instituido mediante el Acto Legislativo No. 1 del 7 de julio de 2016, fue establecido en el país para agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final).

“Ese mecanismo legislativo tiene como objetivo principal asegurar que las reformas necesarias para cumplir con los compromisos del acuerdo se pongan en marcha de manera rápida y claramente eficiente, permitiendo así la terminación efectiva del conflicto armado y la construcción de una paz duradera”, precisó Toca.

¿Cuál es el objetivo de un fast track?

Algunos de los objetivos de este fast track, de acuerdo con la explicación de Toca, están en la aprobación de las leyes necesarias para el cumplimiento del tratado, concretar normativas y políticas para lograr los compromisos acordados, y finalmente, poder implementar adecuadamente los acuerdos:

1. La aceleración del proceso legislativo, es decir, permitir la rápida aprobación de leyes y reformas constitucionales necesarias para implementar el acuerdo de paz. 

2. Asegurar que los compromisos asumidos en el acuerdo de paz se materialicen en normativas y políticas públicas concretas. 

3. Contribuir a la construcción de una paz estable y duradera mediante la voluntad e implementación de las medidas acordadas.

Usar este mecanismo permite que los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados, tengan prioridad, lo que quiere decir que tendrán absoluta prelación en el orden del día del Congreso sobre cualquier otro asunto, hasta que se decida sobre ellos, “y se reducen los tiempos de debate a dos (uno en cada cámara legislativa)”.

Asimismo, el procedimiento puede usarse de manera excepcional y transitoria por un periodo de seis meses, sin embargo, se puede prorrogar por seis meses adicionales mediante comunicación formal del Gobierno Nacional ante el Congreso de la República.

“El presidente de la República puede expedir decretos con fuerza de ley durante 180 días para facilitar la implementación del acuerdo final, excluyendo ciertos tipos de leyes y la creación de impuestos”, aclaró Toca.

Las leyes y actos legislativos aprobados bajo este procedimiento están sujetos a un control automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia; asimismo, a pesar de que el fast track busca asegurar un proceso más ágil y efectivo, si es clave tener en cuenta que debe regirse por unas reglas descritas en el Acto Legislativo 01.

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Ventajas y desventajas del fast track: ¿Cómo se ha implementado en Colombia?

“Un ejemplo en el que se ha utilizado este fast track es la Ley 1820 de 2016, que se denominó Ley de Amnistía, que otorgó amnistía a excombatientes de la exguerrilla de las FARC; otra fue la creación de la jurisdicción especial para la paz, un sistema de justicia transicional que se encarga de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado; otra son las reformas del desarrollo rural integral, leyes para mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales y asegurar la restitución de tierras a las víctimas del conflicto”, indicó.

Dado que ya tenemos un antecedente, Toca explicó que, aunque el fast track ha sido efectivo para la rápida implementación de reformas, también tiene algunas desventajas en su implementación, pues pueden presentarse errores y omisiones, que después requieran de ajustes, “un ejemplo de esto es la Ley 1820 de 2016 (Ley de Amnistía), que tuvo que ser ajustada debido a problemas en su redacción inicial”.

Igualmente, Toca se refirió a la poca participación ciudadana y de otros actores sociales, limitando la inclusión de diversas perspectivas, por lo que es susceptible de futuras impugnaciones ante la Corte Constitucional, lo que genera incertidumbre jurídica, retrasando la implementación efectiva de las leyes.

“La reducción del debate democrático y la aceleración del proceso legislativo puede limitar el tiempo disponible para la discusión y la deliberación, comprometiendo la calidad del debate parlamentario y la profundidad del análisis de las propuestas legislativas”, indicó.

Según señaló, la presión por la aprobación rápida de las leyes puede impactar en la calidad con normativas menos detalladas y bien fundamentadas, así como la percepción de una posible concentración de poder, dado que otorga iniciativa exclusiva al Gobierno Nacional y limita las modificaciones sin su aval.

“En resumen, aunque el fast track puede ser una herramienta útil para implementar rápidamente reformas necesarias en contextos específicos, como el que planteó el actual Gobierno, su uso también conlleva riesgos significativos que deben ser gestionados cuidadosamente para asegurar la efectividad, legitimidad y la sostenibilidad de las reformas aprobadas”, concluyó Toca.