casas en riesgo de colapso e Bogotá

El drama de familias que deben dejar sus casas por riesgo de colapso en Bogotá


Desde el pasado 13 de mayo, el periodista Carlos Alberto González, del programa Señal de la Mañana, de Radio Nacional, le ha seguido la pista a varias familias que dormían con la muerte en Santa Cecilia. En Canal Institucional hicimos un recuento de lo que ha ocurrido con estas personas. 

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“Lo más difícil de esta situación es tener que pedir limosna”. 

Con estas palabras Sandra Sepúlveda Ayala resumió los oscuros días que ha pasado desde que fue desalojada de su casa y debió dejar sus cosas arrumadas en una bodega. 

Durante estos días he vivido de la caridad. Mis vecinos me han prestado desde la ropa interior hasta un lugar para dormir. No tengo con qué pagar arriendo, no tengo nada”, narró entre sollozos esta mujer de 37 años. 

Sepúlveda Ayala llegó a Bogotá hace 20 años con los bolsillos vacíos, pero con la ilusión de encontrar mejores oportunidades en la capital, por lo que hace 10 años pensó en comprar un terreno y construir su casa propia

De esta vivienda que logró levantar, y que tiene la fachada en ruinas, según contó, todavía debe 10 millones de pesos. “He pagado por esta vivienda un total de 200 millones de pesos. Es una casa de tres pisos y tiene ocho alcobas. Antes de que empezara a agrietarse el frente yo arrendaba”. 

Ella y su pequeña hija hacen parte de las 194 familias que debieron desalojar sus casas en Santa Cecilia, de la localidad de Usaquén, debido a que estas tienen enormes grietas que representan un peligro inminente para estas personas. 

“Tengo mis cosas en una bodega, no he podido comer bien. No tengo plata, no tengo trabajo. Yo les pedí a ellos (la Alcaldía de Usaquén) que me ayudaran a conseguir uno, pero no ha sido posible”. 

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Prosiguió contando que antes de que iniciara la pandemia se encontraba trabajando en el área de seguridad, pero que se quedó sin empleo debido a la crisis que desencadenó el covid-19 en el país. 

Esta mujer, proveniente de Puerto Santander, Amazonas, un municipio ubicado a aproximadamente 622 kilómetros de Bogotá, fue desalojada desde el pasado viernes porque su casa era una de las más afectadas. 

“La secretaría de Hábitat se ofreció a pagarme un mes de arriendo, esa es la ayuda que están entregando, pero no me alcanza para vivir, por eso no les he firmado nada”, remató Sandra Sepúlveda. 

Blanca Aldana, de 49 años, y con 4 hijos, también vive la misma tragedia de Sandra. Ahora el sueño no se lo quitan las paredes y los techos agrietados de su casa sino su papá, de 85 años, y su hermano, quien tiene una discapacidad visual, que no tienen en dónde vivir.

“Me dijeron que hoy (jueves) venían a demoler las casas y estoy sacando lo último que queda, porque están a punto de comenzar”, comentó Aldana.

Agregó que hace cuatro meses desalojó su casa con la promesa de que iba a recibir una ayuda por parte del distrito, pero que hasta la fecha no ha recibido nada.  

“Me tocó sacar en arriendo una habitación para mi papá y mi hermano, por la que pago 450 mil pesos mensuales, pero la verdad es que ya no podemos más. Mis hijos y yo no tenemos trabajo, no sabemos qué hacer”, continuó. 

Siguió relatando que cuando llegó al barrio, hace cerca de 10 años, nadie le dijo que era una zona de alto riesgo y que, por eso, decidió construir. “El barrio estaba bien, fue el Dama (Departamento Administrativo de Medio Ambiente) que estuvo sacando tierra, arena, y desestabilizó la zona”, denunció Blanca Aldana. 

Añadió que las grietas de las viviendas se volvieron más profundas en enero de este año: “Yo sé que es un riesgo vivir en estas casas, pero estamos viviendo un doble drama porque tenemos que dejar lo que tanto nos costó conseguir y, por otro lado, está en riesgo nuestra vida. Nosotros ya no podíamos dormir, escuchábamos cómo, por debajo, la tierra bramaba”. 

¿Qué dicen las autoridades? 

Canal Institucional se puso en contacto con la Alcaldía de Usaquén, la Caja de Vivienda Popular y el Instituto Distrital de Gestión del Riesgos y Cambio Climático (Idiger) para conocer cuál es la situación actual de estas familias y qué solución les han planteado desde las entidades. 

El Idiger comunicó que las afectaciones en este punto (Santa Cecilia, sector II) se remontan a 1995 y que, desde ese año, ha hecho seguimiento a la zona. 

“Hemos emitido cinco conceptos técnicos, trece diagnósticos y un estudio detallado de riesgo. A pesar de las advertencias, los ciudadanos no acatan los conceptos y vuelven al sector”, informó la entidad. 

El instituto también anunció que en las últimas semanas realizaron nuevas visitas a ese punto de la capital para notificarle nuevamente a los ciudadanos que aún permanecen en estas casas sobre la necesidad de evacuar.

“Luego de las inspecciones y verificaciones pertinentes, se le informó a la comunidad que a 78 predios se les realizó inspección visual para determinar cuál era su situación real y se concluyó que 14 de ellos mantienen condiciones de riesgo inminente, por lo cual se emitieron 12 actas de restricción de uso y se reiteraron 9 actas de recomendación de evacuación por riesgo de colapso y otros por fallas estructurales”, dictaminó el Idiger. 

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Por su parte, la Alcaldía de Usaquén aclaró en un comunicado de prensa del pasado 29 de mayo que los procesos de reasentamiento, “al ser una zona de alto riesgo no mitigable, son de competencia de la Caja de Vivienda Popular, quien registra la ejecución de dichos procesos conforme a las personas que pueden acceder a los mismos". 

Razón por la que Canal Institucional también le consultó a la Caja de Vivienda Popular cuáles son las acciones que ha desarrollando la entidad para que los afectados sean impactados lo menos posible en este proceso de reubicación.

Esta entidad dijo que "si bien es cierto que esta entidad tiene la obligación de desarrollar el programa de reasentamiento por alto riesgo no mitigable, se debe observar que los avances del mismo depende en gran medida de las familias. Ahora bien, respecto a las familias que realizaron algún tipo de ocupación irregular en el territorio y que no fueron objeto de recomendación al programa, las mismas no surtirán ningún proceso de reubicación por parte de esta entidad".

Ayudas para las familias reubicadas 

Para estos casos, los recursos se destinan a las familias expuestas a una situación de riesgo inminente, emergencia, calamidad o desastre, según lo indique un concepto previo del Idiger. 

“Para acceder a los beneficios, las familias deben haber recibido la recomendación de evacuación o restricción parcial de uso por compromiso de la estabilidad - habitabilidad y/o funcionalidad, como las que emite el Idiger. Infortunadamente, luego de haber recibido las ayudas, algunas personas regresan a estos lugares de riesgo”, concluyó la entidad. 

Por su parte, La Caja de Vivienda Popular señaló que "los procesos de las familias que fueron recomendados al programa de reasentamiento y que actualmente se encuentran en el territorio, cuentan con la posibilidad de acceso a un arrendamiento temporal, asignación de instrumentos financieros para la adquisición de una vivienda de reposición y enajenación voluntaria mediante el reconocimiento del valor del avalúo comercial del predio". 

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Acciones del programa de reasentamiento de la Caja de Vivienda Popular:  

  • Valor Único de Reconocimiento (VUR) en dinero - mediante este instrumento financiero se le asigna a la familia un valor de hasta 90 SMMLV, recursos que deberán ser destinados para la adquisición de una vivienda de reposición nueva o usada en cualquier parte del territorio nacional.

  • VUR mediante permuta - a través de esta modalidad la familia podrá acceder a una vivienda nueva en los proyectos que está desarrollando la Caja de la Vivienda Popular. 

  • Enajenación voluntario mediante adquisición predial - es el reconocimiento económico que se la hace a la familia del valor del avalúo comercial del predio recomendado. 

 

REDACCIÓN CANAL INSTITUCIONAL