miembros de la cidh y policia en visita a colombia
07/07/2021

Separar a la Policía del MinDefensa y otras recomendaciones de la CIDH

Foto tomada de la página de la OEA (www.oas.org)

Tras su visita a Colombia, la CIDH entregó su balance relacionado a las violaciones de Derechos Humanos y recomendaciones para el Gobierno. Conócelas aquí.

Este miércoles 7 de julio, a través de conferencia virtual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó su balance luego de su visita de trabajo en Colombia que se realizó entre el 8 y 10 de junio, con el fin de evaluar las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos dentro de las manifestaciones del Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril.

En este espacio, la CIDH entregó un balance, basado en las cifras de diferentes entidades públicas, privadas, ONGs y denuncias particulares. Adicionalmente, creó un listado de recomendaciones dirigidas al Estado colombiano en aras de trabajar por la protección de los derechos de todos los ciudadanos.

La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, afirmó que, durante su visita a Colombia, la Comisión recibió un total de 2.908 solicitudes de personas que deseaban brindar testimonio en las reuniones que se adelantaron con los sectores representativos de la coyuntura. De este total se logró obtuvieron 302 testimonios de forma individual y colectiva, lo que implicó escuchar a más de 500 personas, priorizadas bajo diferentes criterios de representatividad y diversidad.

El balance de la CIDH

En el documento entregado por la entidad se afirma que la CIDH pudo constatar que las jornadas de protestas que comenzaron el 28 de abril tienen reclamos similares a los de las movilizaciones de años anteriores.

Destaca que, tanto en la coyuntura actual como en el 2019 y 2020, las movilizaciones han estado motivadas por el aumento de los niveles de pobreza, inequidad  y violencia, sumado al creciente número de asesinatos de personas defensoras, líderes y lideresas sociales, representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como firmantes del Acuerdo de Paz.

“El 28 de abril de 2021 se dio inicio el denominado paro nacional, en respuesta a un proyecto de reforma tributaria (“Ley de Solidaridad Sostenible”) presentado por el gobierno nacional al Congreso el 15 de abril. Posteriormente se dio a conocer otro proyecto que reformaba la prestación de servicios de salud dentro del Sistema General de Seguridad Social (Proyecto de Ley No. 010) Ambas iniciativas generaron un profundo descontento social y fueron retiradas del debate parlamentario el 2 y 19 de mayo, respectivamente”, afirma la CIDH en su comunicado.

El Estado colombiano reportó a la CIDH que, entre el 28 de abril y el 4 de junio, en el marco del paro nacional, se realizaron 12.478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos, que incluyen: 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190  bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas.

El 89% de las protestas, esto es 11.060, se desarrollaron sin registrar hechos de violencia y contaron con el acompañamiento de las personerías municipales, gestores de convivencia, funcionarios de la defensoría del pueblo y agentes policiales.

“Adicionalmente, el Estado argumentó que, en 1.418 protestas, correspondiente al 11%, se presentaron disturbios o acciones violentas que a su juicio afectaron la convivencia ciudadana y para las cuales fue habilitada la  intervención del ESMAD”, explica la CIDH.

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Cifras del Paro Nacional por entidades

Según la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, entre el 28 de abril y el 5 de junio se registraron 51 personas fallecidas. De estas, 21 habrían sucedido en el marco de las protestas, 11 hechos se encontraban en proceso de verificación y 19 habrían sucedido en el lapso de las jornadas del paro nacional pero no en el contexto de protestas.

La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales informó que, entre el 28 de abril y el 13 de junio, se presentaron 1.113 personas civiles lesionadas. La Defensoría del Pueblo registró 18 casos de lesiones oculares.

Asimismo, el Estado reportó en su informe que 1.106 civiles y 1.253 policías resultaron lesionados, particularmente en las ciudades de Bogotá, Cali, Yumbo, Neiva, Medellín, Pasto y Popayán y otros municipios de Risaralda y Valle del Cauca.

La Defensoría del Pueblo también informó que recibió 783 reportes de personas no ubicadas, de las cuales 318 casos fueron descartados por estar repetidos o porque las personas ya habían sido localizadas. Asimismo, informó que 465 casos se trasladaron a la Fiscalía General de la Nación. De estos, 196 casos se habrían resuelto con la localización de las personas; 153 casos no fueron admitidos; 29 están en proceso de verificación.

Adicionalmente, según la Defensoría del Pueblo, se habían registrado 113 hechos de violencia basada en género. De esos, 112 casos fueron presuntamente ocasionados por la fuerza pública y su ESMAD, 99 contra mujeres y 13 contra personas LGBTI. Entre las denuncias se incluyen 27 casos de violencia sexual, 5 hechos de acceso carnal violento y 22 tocamientos.

Asimismo, se informó sobre el caso de violencia de género sufrido por una mujer policía en el marco de las manifestaciones.

Según información reportada en el Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos, al 24 de junio se registraban 54 personas fallecidas y 1.140 personas civiles lesionadas. Asimismo, se indica que al 10 de junio solo faltaba por localizar 84 personas, de los 572 registros iniciales, de las cuales se incluye 4 denuncias de desaparición.

Por otra parte, durante la visita de trabajo, la organización de la sociedad civil Temblores informó sobre la existencia de 4.687 casos de violencia policial. A su vez, suministró un registro de 73 personas fallecidas en el marco de las protestas, de las cuales, 44 estarían presuntamente relacionados con el accionar de la fuerza pública y 29 están en proceso de verificación.

En cuanto a los bloqueos, la Comisión pudo observar que las consecuencias de algunos de ellos derivaron "en un profundo malestar y agotamiento en algunos representantes del Estado, cuerpos policiales y parte de la sociedad", originando "serias afectaciones particulares y colectivas".

Además, rechazaron categóricamente que algunos bloqueos comprometieron derechos como la vida, la provisión de alimentos, la potabilización de agua, la salud, entre otros. Como ejemplo de esto, la CIDH condenó que dos bebés hayan perdido la vida debido a los bloqueos que no permitieron que fueran trasladados a centros de atención de salud.

Recomendaciones de la CIDH

Tras todas estas observaciones relacionadas con su visita, la CIDH formuló 41 recomendaciones al Estado colombiano, las principales fueron:

- Promover un proceso nacional de diálogo genuino, con enfoque territorial, que permita la escucha de todos los sectores, en especial a aquéllos que han sido más afectados por discriminación.

- Fortalecer la protección de los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), particularmente los derechos a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo y a la seguridad social, con un enfoque de igualdad y no discriminación y participación ciudadana.

- Respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población.

- Elaborar y aprobar una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta en Colombia, de acuerdo con lo dictado por la Corte Suprema y en conformidad a los estándares internacionales en la materia.

- Asegurar que las fuerzas de seguridad que intervengan para proteger y controlar el desarrollo de las manifestaciones y protestas tengan como prioridad la defensa de la vida y la integridad de las personas, absteniéndose de detener arbitrariamente a manifestantes o de violar sus derechos en cualquier otra forma, de acuerdo con los protocolos vigentes.

- Implementar, de manera inmediata, mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas.

- Crear procesos de capacitación de las personas integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo un enfoque étnico-racial y de género, así como, sobre los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas.

- Sistematizar los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia de género como consecuencia de las protestas sociales de manera transparente, actualizada, clara, concisa y articulada con la información brindada por la sociedad civil.

- Adoptar las medidas necesarias para reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI víctimas de violencia de género en las protestas sociales.

- Tomar las medidas necesarias para restringir el uso de la figura del “Traslado por protección” (medida de detención temporal de la Policía) a situaciones de debilidad o vulnerabilidad de personas en concordancia al Código Nacional de Policia y Convivencia Ciudadana. Asimismo, evitar el uso de esta figura policial de manera generalizada en el marco de las protestas y manifestaciones.

- Garantizar el derecho al debido proceso a las personas que hayan sido detenidas en el marco de las protestas.

- Crear una comisión especial para dar con el paradero de las personas que siguen reportadas como desaparecidas; en la que se garantice la participación de los familiares.

- Abstenerse de prohibir de manera generalizada los bloqueos de vías como modalidades de protestas.

- Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión según los estándares interamericanos, en particular, mediante la protección de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios.

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¿Cambios en la Policía y el Esmad?

Una de las mayores recomendaciones de la CIDH está la de “Separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares".

Es decir, la Comisión sugiere que el manejo de la Policía y el Esmad se dé de manera independiente a las decisiones del ministerio de Defensa, con el fin de darle cercanía con la ciudadanía, cambiando el enfoque de su accionar, en protección de todos.

Ante este punto, el ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado en el que afirma no coincidir con esta sugerencia:

“Debe resaltarse que el artículo 218 de la Constitución determina que “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil”, con lo cual la preocupación de la Comisión acerca del enfoque militar resulta ajena al contenido sustantivo y orgánico de nuestra Carta Política”, afirma la Cancillería.

“Por otra parte, es del caso recordar que esta discusión se tuvo en la Asamblea Constituyente de 1991, que cumple 30 años, fruto de un acuerdo de paz, y fue la propia Constituyente la que resolvió mantenerla en la estructura del Ministerio de Defensa, como eje axial, sin desdibujar con ello su función esencial en torno a la convivencia y seguridad ciudadana, con una formación concebida y enfocada en esa naturaleza y bajo la columna vertebral de la garantía y respeto de los Derechos Humanos”, concluyó.

¿Qué pasa si Colombia no sigue las recomendaciones de la CIDH?

Durante esta conferencia, la presidenta de la CIDH Antonia Urrejola, en cuanto a la pregunta de lo que podría suceder si Colombia incumple con estas recomendaciones formuladas, manifestó que el Estado colombiano está sometido a un conjunto de obligaciones internacionales:

"Hemos hecho esta visita y establecido las recomendaciones, continuaremos en un diálogo con el Estado, algunas son más simples de cumplir, otras más complejas, entendemos que hay una buena fe por parte del Estado desde que autorizó la visita a Colombia".

Adicionalmente, anunció la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos, que consta de un equipo con dedicación exclusiva al seguimiento de la implementación de las recomendaciones.

Con esto se busca generar espacios de diálogo con el Estado para tener una hoja de ruta, mesas de trabajo, cooperación técnica, y eventualmente visitas posteriores.

Puedes consultar el documento completo de las observaciones y recomendaciones de la Comisión dando clic aquí.

REDACCIÓN CANAL INSTITUCIONAL