Desde que comenzó el 2022 y hasta mediados de febrero, en Arauca se registraron 83 homicidios, según el más reciente reporte de las autoridades judiciales referido por la Defensoría del Pueblo. Además, el equipo regional de esta entidad del Ministerio Público constató que, en el mismo periodo, 2.687 personas pertenecientes a 808 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado.

De acuerdo con cifras de Indepaz, entre esas mismas fechas fueron asesinados cinco líderes sociales en el departamento, siendo Arauca el segundo territorio del país (después del Cauca) con más homicidios de estos líderes en lo que va de 2022.

Además, el departamento figura como uno de los que más preocupan en cuanto a alertas de riesgo electoral en el país, según informes tanto de la Misión de Observación Electoral (MOE) como de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, que identifican varios municipios araucanos como zonas con alta probabilidad de que ocurran hechos de violencia y fraude, de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2022.

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Arauca vive hoy, por si fuera poco, las consecuencias del paro armado que el ELN mantiene en varias regiones de Colombia, lo que agudiza aún más la crisis de un departamento que padece uno de sus más violentos comienzos de año, con diversos atentados con explosivos, secuestros, desplazamientos forzosos y asesinatos en varias de sus poblaciones (Arauca -capital-, Saravena, Arauquita, Tame y Fortul, las más críticas).

Arauca, el departamento más golpeado por la violencia en 2022

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la principal razón de la situación de orden público que afronta Arauca tiene que ver con la presencia, tanto en el departamento como en poblaciones del otro lado de la frontera con Venezuela, de grupos armados ilegales que se disputan el territorio para controlar negocios ilícitos en esa zona, como el contrabando y, principalmente, el narcotráfico.

El ministro de Defensa, Diego Molano, explica que desde hace un año la guerrilla del ELN, “con el apoyo de las Fuerzas Militares Bolivarianas” (de Venezuela), se unió con la Segunda Marquetalia (disidencia de las FARC comandada por alias ‘Iván Márquez’) para “sacar” del estado Apure, que limita con Arauca, Vichada, Norte de Santander y Boyacá, a otro grupo de disidencias de las FARC “que les estaban robando rutas de narcotráfico, que los estaban confrontando, que estaban utilizando y manipulando las pistas” (para el tráfico de drogas).

Según Molano, “el principal problema de Arauca se origina del otro lado de la frontera”, pues es allí donde se vienen desarrollando estas alianzas y enfrentamientos armados de “estructuras narcocriminales”, en particular en el estado de Apure, con el que Arauca comparte más de 450 kilómetros de línea fronteriza. 

¿Qué está pasando en Arauca? ¿Qué grupos delincuenciales están del otro lado de la frontera? Esta es la realidad ⬇️#QuéPasaEnArauca pic.twitter.com/ByHmVooIeZ

— Policía de Colombia (@PoliciaColombia) February 16, 2022

Fundaredes, ONG venezolana de Derechos Humanos, confirma que la crítica situación tanto del lado colombiano como del venezolano tiene su origen en los enfrentamientos que sostienen el ELN, las disidencias de las FARC y miembros de las fuerzas armadas venezolanas.

“Las ansias por el control del territorio no cesan, y cada día se hace más evidente que el Estado (venezolano) no controla estos hechos”, dice Fundaredes.

La ONG le añade a esta disputa, los intereses de “otros agentes externos que incluyen organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional”, las cuales “pugnan por el control de los territorios, las alianzas de poder y las rutas para el contrabando, lo que ha devenido en una guerra sin cuartel, que afecta a los habitantes de las comunidades fronterizas a ambos lados de la línea binacional”.

Ariel Ávila, especialista en conflicto e investigador de la Fundación Pares (Paz y Reconciliación), es aún más detallado en su explicación. Según el analista, el estallido de la violencia en Arauca se origina en el crecimiento, en la citada zona binacional, del Décimo Frente de las disidencias de las FARC, al mando de alias ‘Gentil Duarte’ y alias ‘Iván Mordisco’.

Ávila señala que esta última estructura criminal “creció como una cosa bisagra al lado del ELN”, particularmente junto al frente Domingo Laín, y que con el fortalecimiento de esa disidencia de las FARC inició la disputa territorial que viene dejando la conocida estela de violencia que se agudizó este año en la región.

“Estamos en una situación que se llama empate técnico criminal, es decir, que ni el ELN puede barrer las disidencias, ni estas últimas pueden hacer retroceder al ELN. Cuando eso pasa, comienza a ocurrir violencia contra la población civil”, añade el analista.

Con su explicación coincide la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC, que indica que, en Arauca “la violencia y el desplazamiento se deben a la ruptura de la tregua” que había entre las estructuras del ELN y las FARC presentes en la zona.

“Las disidencias de las FARC y el ELN mantienen un combate armado entre sí y por ello se están desquitando con la población civil, especialmente con los movimientos sociales”, señala la ANZORC.

Despliegue militar, principal acción del Gobierno frente a la violencia en Arauca

A mediados de este mes, luego de analizar posibles soluciones a la situación de orden público en el departamento, el Ministerio del Interior anunció el aumento del pie de fuerza en la región. Para este despliegue militar, según la Gobernación de Arauca, se dispusieron 7.000 hombres del Ejército Nacional “para proteger los activos estratégicos y principales ejes viales”, 240 hombres de la institución “para reforzar la protección en puntos críticos y pasos ilegales sobre la línea de frontera” y un “plan de pago de recompensas”, entre otros.

Precisamente, y como parte de los operativos militares en la zona, el pasado jueves el Ministerio de Defensa anunció las bajas de alias ‘Arturo’, jefe del Frente Décimo de las Disidencias de las FARC, que delinque en Arauca, y de Ernesto Devia Mejía, alias ‘Ernesto’, cabecilla político de esa estructura. Así mismo, en las últimas horas, el Ejército confirmó que el total de guerrilleros abatidos en el operativo es de 27.

No obstante, para entidades como la Comisión de la Verdad, las respuestas militares del Estado, más que una solución efectiva, se terminan convirtiendo en “factores que han incrementado las cifras de afectaciones a la población civil”.

“En las últimas décadas, el Estado respondió especialmente a través de las Fuerzas Militares. Hoy en día están presentes alrededor de 9.000 miembros del Ejército, la presencia de militares más intensa del país en relación con el número de habitantes, superada solo por Nariño”, indica la entidad estatal.

En enero de este año, cuando varias acciones terroristas en Arauca ya evidenciaban el recrudecimiento de la violencia en la región, comunidades y diversas organizaciones salieron a marchar para pedir el cese de hostilidades entre los actores armados allí presentes.

Así lo reseñó en su momento Indepaz, organización que recogió en un documento las “propuestas de la sociedad civil para la transformación del conflicto en la zona”. En ninguna de las demandas se pedía aumento del pie de fuerza, sino que, por el contrario, se solicitaba, por ejemplo, la “desmilitarización de la frontera y suspensión de cualquier operación de guerra encubierta, de apoyo a grupos armados o comandos mercenarios”.

Atención humanitaria a desplazados, víctimas y sus familias; corredores humanitarios en zonas bloqueadas por grupos armados; presencia de organismos nacionales e internacionales; respeto incondicional a la población civil; alto al fuego; y la exigencia al Estado colombiano, de inversiones efectivas para apoyar a las comunidades, fueron algunas de las peticiones recopiladas en dicho documento.

Además, dentro de las propuestas también se le exigía al Gobierno Nacional y al ELN “dar pasos reales para que se retomen los diálogos de paz (suspendidos en enero de 2019), se definan las condiciones de un cese al fuego y de hostilidades y una ruta de solución negociada del conflicto armado”. 

“Estas son las consecuencias de haber saboteado sistemáticamente el proceso de paz (con las FARC), de haber hecho sabotajes para que se rearmaran las disidencias de las FARC y haber puesto talanqueras para la negociación de paz con el ELN”, dijo por su parte Ariel Ávila.

Población civil, la más afectada por la violencia en Arauca

Una de las entidades estatales que más ha advertido sobre las afectaciones a la población civil en Arauca, en medio de esta ola de violencia, es la Defensoría del Pueblo, que ha calificado la situación como “crisis humanitaria” y ha llegado a pedir, incluso, intervención de instancias internacionales en el departamento.

“El temor a ser asesinados, a sufrir torturas o desapariciones, al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, es lo que está generando que en el departamento haya desplazamiento masivo”, expresó el vicedefensor del Pueblo, Luis Fajardo, en relación a la cifra de casi 2.700 desplazados (más de la mitad correspondiente a personas provenientes de Venezuela) que deja la violencia este año en esa región.

De acuerdo con el más reciente 'Boletín de Movilidad Humana Forzada', presentado a mediados de este mes por la Defensoría del Pueblo, en enero de 2022 se presentaron 17 eventos de desplazamiento masivo en el país, la mayoría de ellos a raíz de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, sobre todo entre el ELN y las disidencias de las FARC.

Según ese documento, el corredor nororiental del país, limítrofe con Venezuela (es decir los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Norte de Santander), es el principal punto donde se presentan estos desplazamientos y a donde van a parar los afectados.

La situación más preocupante en todo el país, según el defensor, Carlos Camargo, se registra en las poblaciones araucanas de Saravena, Tame, Arauquita y Arauca (ciudad capital), donde ese organismo del Ministerio Público tomó 430 declaraciones individuales de desplazamiento (1.210 personas distribuidas en 377 familias), provenientes de diferentes zonas rurales de esos municipios, así como la declaración de seis eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 146 familias (434 personas) en Tame (cuatro eventos) y Arauca (dos eventos).

El pasado 21 de febrero, con motivo de la liberación, entre Fortul y Tame, de Guillermo Murcia (candidato a una de las llamadas curules de paz que se eligen en los comicios legislativos de marzo), la Defensoría le hizo un “llamado a los grupos armados ilegales a dejar por fuera de sus acciones a la población civil”.

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La entidad reiteró su petición días después, el pasado 23 de febrero, a propósito del paro armado anunciado por el ELN, el cual, según el Ministerio Público, ha ocasionado el cierre del 90 % del comercio en Saravena, Arauquita y Fortul, así como cierres parciales, que también afectan a comerciantes, en Arauca, Tame, Cravo Norte y Puerto Rondón.

“Observamos con preocupación la grave violación de derechos humanos en Arauca ante el paro armado promovido por grupos armados ilegales. Se suspendió el transporte intermunicipal y hacia afuera del departamento, y también se suspendieron las actividades escolares presenciales”, enfatizó la Defensoría del Pueblo en su más reciente llamado a los subversivos.

Del lado venezolano, de acuerdo con Fundaredes, Apure se destaca como el segundo estado del vecino país “con mayor incidencia en violencia en la zona fronteriza de Venezuela”.

En la zona de frontera Arauca – Apure, añade la ONG venezolana, tanto disidencias de las FARC como guerrilla del ELN afectan a la población con la comisión de acciones delictivas como “extorsión, cobro de vacuna, homicidios, desapariciones de personas y reclutamientos forzados, entre otras, que no son controladas por las fuerzas del Estado (Gobierno de Nicolás Maduro), amenazando la integridad física y psicológica de sus habitantes”.
 

REDACCIÓN CANAL INSTITUCIONAL.